Lo público
Se reanuda el juicio contra Nilsen Arias por corrupción en Petroecuador; el sentenciado ya cumple con parte de la reparación económica impuesta.
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El estado de excepción por 60 días contra el crimen organizado rige desde el 17 de septiembre en todo Ecuador, incluyendo Guayas.
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Daniel Noboa asegura que la mayor eficiencia energética de Ecuador permite sostener los subsidios a combustibles para los ciudadanos, vinculando gestión técnica con apoyo social.
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Carlos Encalada ordena al Consejo Provincial auditar las concesiones viales renovadas hasta 2054, enfocándose en los contratos de Conorte y Concegua para asegurar transparencia.
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El Guayas elegirá a su nuevo prefecto tras siete años de vacancia. La contienda electoral se centra en dos frentes: el voto urbano no correísta y una disputa asimétrica dentro de la izquierda.
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Analistas señalan que la gestión de Mercedes Caicedo ha tenido un impacto más severo en la Unidad Anticorrupción que el caso Mario Godoy, generando debate institucional.
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La Judicatura reconfigura su personal priorizando al banco de elegibles; la jueza Mabel Tapia pasó de anticorrupción a civil, generando debate sobre eficiencia judicial en Guayaquil.
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Once ediles guayaquileños pidieron a la Asamblea Nacional que revise las suspensiones de contrataciones públicas para evitar afectaciones en la gestión municipal.
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La ANT interrumpió sus servicios digitales por fallas técnicas y asegura que informará oportunamente cuando se restablezca la atención al público.
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El Gobierno redujo a la mitad el combustible para vehículos oficiales, excepto en seguridad y servicios esenciales, medida que impacta la gestión pública en Guayas.
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La Asamblea Nacional aprobó una resolución para condenar la agresión a una niña en Guasmo Sur, impulsada por ADN; 52 legisladores correístas no apoyaron la medida.
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El gobierno de Trump reitera que no habrá amnistía tras críticas de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien señaló que las deportaciones han ido demasiado lejos.