Lo público
La Comisión Ciudadana de Selección continúa este lunes las audiencias de impugnación contra Carlos Alarcón para Fiscal General, un proceso clave para la institucionalidad.
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La Comisión Ciudadana de Selección continúa este lunes las audiencias de impugnación contra Carlos Alarcón para Fiscal General, un proceso clave para la institucionalidad.
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El Colegio Médico Provincial del Guayas aclaró que la adquisición de fármacos es tarea del Estado, respondiendo a críticas del presidente sobre la escasez.
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Jueces del Guayas analizan apelación de prisión preventiva para Baldor Bermeo; se aguarda resolución que define su libertad.
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Guayas avanza en digitalización con 240 millones, pero persiste la brecha de servicios básicos como el agua, exigiendo una gestión que priorice lo tangible sobre lo digital.
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Fiscalía y Consejo de la Judicatura solicitan prórroga para informar a la Comisión de Gobiernos sobre enriquecimiento de alcaldes y prefectos.
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La Asamblea Legislativa no aprobó la licencia sin sueldo que Johana Núñez pidió para ausentarse del 10 de septiembre al 8 de noviembre de 2026, obligándola a seguir en el cargo.
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El Pleno de la Asamblea Nacional votará la unificación de la Ley de Aviación Civil y el Código Aeronáutico, adaptando la normativa a estándares internacionales para mejorar la seguridad y eficiencia del sector.
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La UNE reclama al Gobierno de Noboa que el Plan Escudo no protege suficientemente a las escuelas y exige medidas reales contra la violencia en el sector educativo del país.
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Juan Carlos Vega destaca la necesidad de recuperar la planificación en Cuenca para tener una ciudad ordenada, proponiendo un mapeo de necesidades de empleo como eje central.
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El Tribunal Electoral confirma la calificación de 45 candidatos a alcaldes para los 25 cantones del Guayas, avanzando en el proceso de elecciones seccionales con total legalidad.
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Investigación del ODJ a septiembre 2026 alerta sobre riesgos en la independencia judicial, afectando la seguridad jurídica que requiere Guayaquil.
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El debate sobre las operaciones de fuerzas estadounidenses pone en evidencia la necesidad urgente de un marco legal claro para garantizar el debido proceso, un tema crítico para la seguridad jurídica en Guayaquil.