Alvarez advierte que bloqueos políticos frenan obras en Guayaquil

El 6 de agosto de 2025, el alcalde Aquiles Álvarez advirtió durante su enlace radial semanal sobre una presunta politización del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) que estaría afectando la ejecución de proyectos en Guayaquil. El burgomaestre informó que existen procesos por 94 millones de dólares publicados en la plataforma del SERCOP sin respuesta o con retrasos que comprometen la planificación urbana. "Hasta que se adjudiquen los procesos, hay que ver qué pasa porque todo es al ojo de la gente del SERCOP y ya sabemos cuál es el ojo del Gobierno para con la administración de Guayaquil", señaló.

Frente a esta situación, Álvarez aseguró que cada caso será expuesto ante la ciudadanía para transparentar las razones detrás de los retrasos. "La ciudadanía tiene que saber que, si no se cumple con la planificación para el desarrollo de Guayaquil con obras y servicios, el culpable va a tener nombre y apellido", puntualizó. Como parte de la planificación del año, mencionó la entrega prevista de 18 parques renovados hasta diciembre, incluyendo el Clemente Yerovi en la ciudadela Kennedy, cuyo proceso también está en espera.

Otro de los proyectos destacados es la Terminal Terrestre Costa, que alcanza un avance del 68 por ciento y cuya apertura se prevé para octubre. "Esperamos inaugurarlo en octubre si Dios lo permite... Y también que nos den el permiso porque ahora falta que no nos den el permiso para operar el Terminal", advirtió. La Unidad Médica Municipal en Puná, completamente equipada para la atención ciudadana, no ha podido entrar en funcionamiento por no contar con el permiso de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACCESS).

Álvarez también denunció que funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) realizaron inspecciones en la Unidad de Protección a Víctimas Especiales del Polifuncional DASE Casa Guayaca en la Atarazana. En el área de movilidad, afirmó que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se ha visto impedida de usar radares por decisiones políticas, lo que ha contribuido al incremento de siniestros en la ciudad.