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Apagones y precariedad judicial obligan a trasladar audiencias en Guayaquil
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Apagones y precariedad judicial obligan a trasladar audiencias en Guayaquil

Abogados del norte guayaquileño citan a partes en UPCs ante la falta de infraestructura digna, equipos dañados y cortes de energía que amenazan con prescribir causas penales.

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La crisis operativa en las salas de audiencias del Guayas ha llevado a abogados a trasladar sus citas hacia Unidades de Policía Comunitaria (UPC) del norte de Guayaquil. El pasado 10 de octubre, el abogado Emilio Macías optó por esta medida para resolver un caso de divorcio, señalando que las salas de los complejos judiciales locales permanecen en condiciones precarias, con problemas de desaseo, destrucción de infraestructura y falta de insumos básicos. La decisión busca evitar que las partes procesales sean testigos de la deteriorada realidad del sistema de justicia.

La situación se agrava por la inestabilidad eléctrica y la falta de plantas eléctricas confiables, lo que provoca caídas en las conexiones virtuales requeridas por seguridad. Julio César Cueva, abogado penalista, advirtió que estos fallos ponen en riesgo la prescripción de causas y la caducidad de prisiones preventivas, acumulando audiencias que complicarán la labor judicial en los próximos meses. La falta de aires acondicionados funcionales ha trastocado incluso la vestimenta profesional, obligando a los operadores de justicia a trabajar con ropa ligera debido al calor extremo.

Ante este escenario, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, realizó un recorrido por el Complejo Judicial Norte Florida el mismo 10 de octubre para evaluar las necesidades y definir acciones correctivas. El CJ confirmó que asignó más de un millón de dólares a finales de julio para cubrir servicios de aseo y limpieza entre 2024 y 2025, aunque detalló que la administración de estos fondos corresponde a la administración provincial, entidad que no respondió a solicitudes de detalle sobre el uso de los recursos.

Guayas cuenta con 187 salas de audiencias distribuidas en 26 Unidades Judiciales, pero la falta de elementos dignos de trabajo ha forzado al sistema a buscar alternativas temporales. Aunque las UPCs permiten resolver mediaciones, las audiencias penales deben seguir tratándose en salas especializadas frente a un juez, lo que limita la viabilidad de esta solución. El CJ también recordó un plan anterior de 2021 para adquirir infraestructura en garantías penitenciarias ante el incremento de la violencia criminal.

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