Azuay cuestiona validez del pacto de límites con Guayas firmado en 2015
El Consejo Provincial aprobó un informe jurídico que señala vicios constitucionales; la Prefectura del Guayas reitera que el acuerdo es legal y no existen conflictos territoriales.
El pasado 2 de agosto, la prefecta del Azuay, Cecilia Méndez, anunció que su administración solicitará a la Procuraduría General del Estado y a la Contraloría General realizar una revisión exhaustiva del acuerdo de límites firmado en 2015 con la Prefectura del Guayas. Esta decisión surge tras la aprobación, el 27 de julio, de un informe jurídico por parte del Consejo Provincial del Azuay que analiza los vicios constitucionales y legales del convenio original.
El documento técnico sostiene que existen aspectos que afectan la validez del pacto sellado hace seis años entre los entonces prefectos Jimmy Jairala y Paúl Carrasco. La autoridad azuaya afirmó en sesión que estos pasos responden a la lucha social de la población de Molleturo, parroquia rural del cantón Cuenca, para respetar sus derechos de pertenencia tras lo que describe como un acto contra su soberanía.
Ante estas declaraciones, el Gobierno Provincial del Guayas mantuvo una postura firme. Gustavo Taiano, procurador síndico de la institución, afirmó a este medio que no existe ningún problema limítrofe con Azuay. Taiano recordó que el convenio de 2015 contiene la resolución motivada de conflictos territoriales y está amparado por la Constitución, la Ley de Fijación de Límites Territoriales y el Código Civil.
El procurador síndico confirmó que recibieron un oficio de la prefecta Méndez solicitando una audiencia, pero aclaró que será la máxima autoridad, Susana González, quien determine los pasos a seguir. Desde la Prefectura del Guayas se reitera que el acuerdo es legal y que no hay inconvenientes pendientes, excepto por la resolución final del kilómetro cuadrado restante en el sector de Abdón Calderón, pendiente de consulta popular.
