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Comerciantes indígenas de Bastión Popular exigen a Fiscalía unidad contra extorsiones
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Comerciantes indígenas de Bastión Popular exigen a Fiscalía unidad contra extorsiones

Representantes del sector noroeste se reunieron con el gobernador Lorenzo Calvas y autoridades policiales para coordinar la persecución de bandas que cobran 'vacunas' y han dejado tres muertos.

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El 19 de enero de 2023, organizaciones de comerciantes indígenas del sector Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil, sostuvieron una reunión con el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, para coordinar acciones urgentes frente a las extorsiones ejercidas por bandas delictivas organizadas. Los participantes denunciaron que estos grupos les exigen el pago de altas sumas de dinero, una situación que ha generado un clima de miedo y ya ha cobrado la vida de tres miembros del gremio.

Durante el encuentro, los comerciantes solicitaron a la Fiscalía General del Estado la creación de un departamento exclusivo dedicado a investigar este tipo de delitos, en coordinación directa con la Policía Nacional. La reunión contó con la presencia de Errol Elizalde Torres, fiscal de la Unidad de Administración Pública del Guayas, y Óscar Salguero, jefe de la Unidad Antisecuestro y Extorsiones (UNASE) de Guayaquil, quienes fueron informados sobre la gravedad de los hechos ya denunciados.

Hugo Oswaldo Chango, representante legal del movimiento Pueblo Quichua de la Costa, expuso ante las autoridades la preocupación de los miles de comerciantes del sector por la situación. «La preocupación en algunos se ha transformado en miedo, y que no estamos dispuestos a seguir soportando», afirmó Chango, destacando la decisión de unir fuerzas con el Ejecutivo provincial para enfrentar la violencia.

El gobernador Lorenzo Calvas reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de velar por la seguridad de los ecuatorianos y aseguró que se dará seguimiento a todos los casos de extorsión, comprometiéndose a estar in situ coordinando las acciones necesarias. Este tipo de delitos está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con sanciones que van de tres a cinco años de prisión.

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