Consejo de la Judicatura destituye al juez José Daniel Poveda por violación del debido proceso
La Corte del Guayas confirmó la remoción del magistrado tras una denuncia por prescripción y falta de celeridad; el secretario de Seguridad anuncia investigaciones patrimoniales a cinco jueces.
El pleno del Consejo de la Judicatura tomó esta decisión el 28 de diciembre de 2022 al destituir del cargo al juez José Daniel Poveda Araus, miembro de la Corte de Justicia del Guayas. La medida se adoptó tras una denuncia presentada por el ciudadano Jesús Enrique Cobeña Argüello, quien alegó que el magistrado procesó su caso cuando la causa ya había prescrito debido a la demora en agendar la audiencia.
El denunciante señaló que Poveda lo imputó por un delito distinto al que la Fiscalía le había cargado, lo que provocó una "violación flagrante del principio de congruencia" y vulneró su derecho al debido proceso. Ante estas acusaciones, el juez argumentó que la carga de trabajo en la Corte del Guayas era excesiva y que el personal auxiliar se encargaba de la gestión de diligencias, pero la entidad judicial determinó que su conducta afectó la administración de justicia al no garantizar la celeridad y la tutela judicial efectiva.
Poveda Araus había ingresado a la judicatura en 2013 y su trayectoria estuvo marcada por casos de alto perfil en la lucha contra la delincuencia organizada. Entre sus resoluciones más conocidas se encuentra la orden de libertad otorgada a Luis Jairala Zunino, exgerente de Teodoro Maldonado, y a otros procesados por sobreprecio en insumos médicos. Asimismo, en febrero de 2022 giró una boleta de libertad para Daniel Salcedo Bonilla, también investigado por delitos similares.
En el mismo contexto de seguridad, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, anunció que solicitó a la UAFE y al SRI investigar el patrimonio de cinco jueces que emitieron fallos favorables a "delincuentes". Entre ellos figura el exjuez Banny Molina, destituido la semana anterior. Ordóñez afirmó que impulsará reformas legales para restringir el uso abusivo del habeas corpus y las medidas cautelares, herramientas que los reos utilizan frecuentemente para evitar traslados carcelarios o cumplir condenas en sus hogares.
