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Denuncia contra la Vicepresidenta y su esposo por presunta 'Argolla del Control' en Guayaquil
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Denuncia contra la Vicepresidenta y su esposo por presunta 'Argolla del Control' en Guayaquil

Extrabajadores acusan a Elizabeth Jiménez, su cónyuge y 21 personas de delitos vinculados a liquidaciones y venta de lotes en la provincia.

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Una denuncia penal presentada por ex trabajadores ha puesto en el centro del debate público a la Vicepresidenta de la República, Elizabeth Jiménez, y a su esposo. Según los hechos expuestos, ambos junto con otras 21 personas estarían involucrados en lo que se denomina la 'Argolla del Control', una red acusada de cometer presuntos delitos relacionados con procesos de liquidación y la comercialización de un negocio millonario de lotes.

La denuncia, difundida por el medio Expreso este martes 15 de septiembre de 2026, señala que las acciones investigadas tendrían una incidencia directa en la provincia del Guayas. Los ex empleados denuncian irregularidades que afectan la gestión de activos y liquidaciones, lo que ha generado un escándalo político y judicial que requiere atención inmediata por parte de las autoridades competentes para esclarecer los hechos, más contexto en Fiscalía investiga lavado de activos vinculado a exreina de Guayaquil y procesa a sus hermanos.

Este caso resuena con fuerza en el ámbito local guayaquileño, donde la transparencia en la gestión pública y la seguridad jurídica son prioridades. La acusación de operar una 'argolla' sugiere una estructura organizada que podría haber afectado los intereses económicos y legales de múltiples partes. La comunidad espera que la Fiscalía y los tribunales actúen con celeridad para determinar la veracidad de estas alegaciones, tema que ya cubrimos en Fiscalía investiga lavado de activos vinculado a exreina de Guayaquil y procesa a sus hermanos.

La prensa local seguirá de cerca el desarrollo de esta investigación, ya que cualquier confirmación de responsabilidad penal tendría un impacto significativo en la percepción de la administración pública actual. La sociedad guayaquileña exige claridad y rigor legal, asegurando que ninguna figura esté por encima de la ley, especialmente cuando se trata de negocios de gran envergadura y procesos de liquidación.

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