Guayaquil demanda a Corte Constitucional contra ley que asfixia finanzas municipales
La alcaldesa Tatiana Coronel y el equipo técnico del Municipio denuncian que la reforma al COOTAD limita la autonomía y pone en riesgo servicios clave para los barrios.
El 6 de marzo de 2026, el Concejo Municipal de Guayaquil anunció formalmente una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. La acción busca derogar la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), considerada por la administración local como una norma que vulnera la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos autónomos descentralizados.
La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, calificó la reforma como una "ley de asfixia municipal" y rechazó su contenido. Coronel afirmó que la normativa miente en su título al no promover la sostenibilidad ni la eficiencia del gasto público. En su lugar, señaló que la ley reduce las transferencias del Gobierno central sin asumir responsabilidad política, traslada la carga de esa reducción a los municipios y somete la gestión local a decisiones ministeriales tomadas en Quito.
Luis Alfonso Saltos, asesor de la Alcaldía, advirtió que la norma pone en riesgo el derecho a la ciudad y las competencias exclusivas de los GAD en áreas como salud, educación, cultura y vivienda. Alertó que programas clave para el desarrollo infantil, atención a adultos mayores, deporte, arte y emprendimiento podrían verse limitados, debilitando la reconstrucción del tejido social y la reactivación económica en los barrios tal como lo contempla el Plan de Desarrollo aprobado en noviembre de 2024, más contexto en Bloqueo de contrataciones públicas tensiona a Guayaquil durante fiestas de independencia.
Xavier Flores, asesor de la Alcaldía, explicó que el objetivo de la ley es crear un esquema donde los GAD enfrenten mayores dificultades para cumplir reglas fiscales controladas por el Gobierno central. Esto provocaría incumplimientos y, como consecuencia, reducciones en las asignaciones del 15% y 5%. Por su parte, Jorge Dillon, director financiero del Municipio, indicó que la ley impone rigideces presupuestarias que contradicen la autonomía municipal al limitar inversiones en rubros esenciales como eventos promocionales, turismo y recolección de basura.
