Prefecto de Chimborazo en Guayaquil niega persecución política por inhabilitación del TCE
Hermel Tayupanda, sancionado con seis meses de suspensión y multa, atribuye la resolución a su avance en las encuestas para las elecciones seccionales 2026.
El prefecto provincial de Chimborazo, Hermel Tayupanda, se encontraba este 28 de julio en Guayaquil donde evitó responder sobre posibles proyectos de integración regional en la cuenca del río Guayas y utilizó su presencia para denunciar lo que califica como una persecución política. La autoridad provincial enfrenta una sanción de seis meses de suspensión de sus derechos de participación y una multa de 12.050 dólares, impuesta por el juez electoral Guillermo Ortega del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El dictamen argumenta el incumplimiento de una condena previa emitida en septiembre de 2025.
Tayupanda sostiene que acató la medida original y retornó a su cargo con el aval documentado del Ministerio del Trabajo. Durante un abordaje de prensa, calificó la resolución del organismo electoral como una persecución orquestada por sus adversarios políticos. "No quieren que yo gane porque estoy 15 % encima en las encuestas", justificó el prefecto, al tiempo que recordó su reciente participación en las primarias del movimiento Futuro (lista 20).
El conflicto legal tiene un impacto directo en la operatividad del Gobierno Provincial de Chimborazo. Tras conocerse la primera sanción en 2025, la viceprefecta Mónica Loza impidió el ingreso de Tayupanda al edificio institucional, lo que derivó en un enfrentamiento de competencias y una posterior denuncia por presunta violencia política de género en contra del prefecto. Aunque el TCE desestimó la acusación de violencia política en su reciente resolución, Loza mantiene públicamente su postura de haber marcado un precedente administrativo, como publicó este diario en Congelamiento de cuentas.
Mientras la defensa de Tayupanda, liderada por el abogado Víctor Hugo Ajila, prepara los recursos de apelación y ampliación, la continuidad del prefecto en la papeleta electoral de 2026 queda condicionada a la decisión final que adopte el pleno del organismo jurisdiccional.
