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El Ministerio de Ambiente concluyó la segunda auditoría a la gestión provincial (ene-2025/feb-2026). Se identificaron avances, pero se reiteran observaciones previas. El informe oficial saldrá en 15 días.
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El Cabildo de Guayaquil rechaza la solicitud del MIT para ceder el 50% del directorio del aeropuerto Olmedo, defendiendo su autonomía administrativa y el modelo de gestión local que genera 30 millones de dólares anuales.
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Guayaquil demandó a la Corte Constitucional contra la reforma del COOTAD por asfixiar finanzas municipales y limitar servicios esenciales en los barrios.
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Marcela Aguiñaga informó el despliegue provincial en los 25 cantones ante 44 emergencias invernales, detalló inversiones en prevención y exigió un plan integral de dragado para la cuenca del río Guayas.
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El Concejo Municipal de Guayaquil designó a Jaime Tejada Franco como nuevo secretario y aprobó tres ordenanzas para regular la urbanización y mejorar la seguridad con videovigilancia.
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Ediles rechazan intervención en Segura EP y critican reforma al COOTAD que recorta USD 80M en gasto social.
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Más de 50 mil guayaquileños marcharon el 12 de febrero desde el Parque Centenario hasta la Gobernación del Guayas para exigir la libertad del alcalde Aquiles Álvarez.
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El Concejo Municipal de Guayaquil respaldó al alcalde Aquiles Alvarez tras su detención por la FGE, rechazando la medida como persecución política y asegurando que los servicios no se detendrán.
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La prefecta Marcela Aguiñaga advirtió que la reforma al COOTAD afecta inversiones en Guayas; reclamó 63 millones de dólares de deuda y detalló el avance del Quinto Puente.
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El Municipio de Guayaquil alertó el 5 de febrero sobre una reforma al COOTAD que reduciría USD 80 millones en asignaciones presupuestarias, afectando directamente a la ciudad.
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El SERCOP paralizó licitaciones de comunicación de Guayaquil tras video crítico del alcalde; la Alcaldía denuncia retaliación política y falta de debido proceso en las suspensiones.
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El Concejo aprobó dos ordenanzas que agilizan trámites de terrenos legalizados y actualizan la protección de derechos para mejorar la gestión municipal.